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El Alcohol y el Opio en la Revolución Mexicana: Ideales Revolucionarios y Realidad Política-Económica

La historiadora Zinnia V. Capó analiza la compleja situación política que atravesó México a inicios del Siglo XX, cuando gobernantes revolucionarios y posrevolucionarios establecieron leyes que rechazaban las prácticas relacionadas con el alcohol, opio y otros “vicios” de la sociedad.

4 de Junio del 2021
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Zinnia V. Capó Valdivia es candidata a doctor en Historia en Stony Brook University. Allí estudia el rol de la secularización en la creación de políticas públicas y programas educativos que trataban el tema de las drogas en México en las primeras décadas del siglo XX. Considera el proceso de construcción de instituciones Estatales, así como la influencia del discurso posrevolucionario. Ha investigado la reacción de diferentes niveles de gobierno al comercio de opio en la frontera norte de Baja California entre 1900 y 1935. Su trabajo también ha abarcado proyectos etnográficos con consumidores de drogas ilegales en el área metropolitana de Monterrey. Participó en diversos congresos y revistas académicas, incluyendo Culturales. Estudió la Maestría en Estudios Socioculturales en la Universidad Autónoma de Baja California.

-Porfirio Diaz intentó envenenar al pueblo de México con opio!- acusaron los representantes del congreso constituyente posrevolucionario. Estas afirmaciones reflejaban preocupaciones por el vicio y una necesidad de marcar una distancia política y social entre el nuevo régimen revolucionario y la caída dictadura porfirista. Durante los movimientos revolucionarios diversos gobernantes buscaron establecer reglamentos de intolerancia hacia el consumo de opio, alcohol y otros vicios. En sus intentos por establecer normas para lidiar con los vicios, el gobierno de México tuvo que balancear intereses económicos y políticos internacionales, con el fortalecimiento del nuevo gobierno y la estabilidad económica interna.

Porfirio Diaz y la opiomanía en el Congreso Constituyente

La constitución de 1917, producto de la revolución, incorporó las preocupaciones que los nuevos gobernantes tenían acerca de la relación de los mexicanos con los vicios. Esto lo dejan en claro las discusiones en el Congreso Constituyente. En esta histórica reunión, delegados como Federico Ibarra y José María Rodríguez, declararon que la “degradación de la raza mexicana” era “un hecho”, consecuencia tanto del consumo de opiáceos, éter, cocaína y mariguana, como “del alcoholismo, los juegos de azar y la prostitución”. Ibarra arremetió en contra del derrotado gobierno de Porfirio Díaz: acusó a éste de haber intencionalmente permitido que aumentaran el alcoholismo y la opiomanía. Su compañero, José María Rodríguez, médico particular y amigo personal de Venustiano Carranza, había encabezado el Consejo Superior de Salubridad desde 1914, y continuaría haciéndolo tras institucionalizarse la revolución. Estos delegados y representantes de la profesión médica, indicaron creer que el presidente Díaz había anticipado que los vicios debilitarían en mente y espíritu a los mexicanos, convirtiéndolos en “víctimas” fáciles de su prolongada “dictadura”.

Por estas expresas razones, el Congreso acordó restringir el comercio e interrumpir el “uso inmoderado” de “sustancias que envenenan al individuo y degradan a la raza”.

Algunos de los partícipes del Congreso Constituyente interpretaban el alcohol, el opio y otros “vicios” como una amenaza para la nación, ya que dejaban a la población sin energía para combatir “gobiernos tiránicos” y susceptible a la “conquista” extranjera. De esta forma, la preocupación por la “degeneración de la raza”, “resultado” del hábito de consumir ciertas sustancias y participar en algunas actividades, fue utilizada para enmarcar el asunto de las drogas como un problema de seguridad nacional. Por estas expresas razones, el Congreso acordó restringir el comercio e interrumpir el “uso inmoderado” de “sustancias que envenenan al individuo y degradan a la raza”.

Las autoridades políticas que tras los conflictos armados reconstituyeron al Estado mexicano, utilizaron el “sistema de conocimiento” del “degeneracionismo” para explicar su preocupación por el uso inmoderado del alcohol, opio, y otros vicios. La opiomanía fue particularmente criticada por los gobernantes surgidos de la Revolución pues este hábito, expresaron creer, había sido difundido por el régimen porfirista como intencional detrimento contra los mexicanos. De acuerdo con estos gobernantes, el consumo de opio debilitaba a la mente y al espíritu, lo que vulneraba a la población y a la nación. Por estas razones, indicaron, era obligación del Estado salvaguardar al pueblo de la “amenaza” del opio y otros intoxicantes. La responsabilidad de realizar la tarea, creían las autoridades constituyentes, debía recaer en las instituciones federales de salud.

Con el objetivo de llevar a cabo la legislación sanitaria del país, los congresistas aprobaron la creación del Departamento de Salubridad Pública. Éste estaría a cargo de la “policía sanitaria en puertos y fronteras; de vacunas, medidas contra el alcoholismo, epidemias, enfermedades contagiosas, preparación y administración de vacunas y sueros, y el control de alimentos, bebidas [y] drogas.” A partir de 1918 y hasta 1933, el Departamento de Salubridad Pública trabajaría de forma paralela al Consejo Superior de Salubridad.  

Restricciones al vicio durante la revolución

Aunque autoridades gubernamentales en nuestro país habían legislado para limitar el consumo de alcohol y para restringir el uso de sustancias “venenosas” y “peligrosas” desde la época colonial, fue durante la Revolución Mexicana cuando se reiteraron estas prohibiciones, las cuales tomaron tintes contundentes y violentos. Intentando mantener el orden y la paz entre las tropas y la población, algunos jefes revolucionarios optaron por prohibir la producción y el consumo de alcohol. Intentar burlar estas prohibiciones podía entonces resultar en la muerte. En Chihuahua, Sinaloa y Sonora, por ejemplo, se estableció la pena de muerte para quienes quebrantaban las disposiciones de abstinencia al alcohol. La “preocupación por el alcoholismo en México” motivaba a diferentes gobiernos, federales y estatales, a establecer restricciones y sanciones.

Sin embargo, estas prohibiciones a la bebida y otros vicios toparon con una aparente falta de apoyo público. La carencia de apoyo se dio tanto entre la ciudadanía como entre los mismos gobernantes. A pesar de que diferentes representantes expresaron estar de acuerdo con el precepto moral detrás de la prohibición, también indicaron no poder ponerla en práctica por la falta de policías que eficazmente vigilaran a la ciudadanía y por las apremiantes necesidades económicas, productos de los movimientos revolucionarios en sí. Así,

aunque el gobierno [federal y estatal] promulgó leyes prohibiendo la producción y venta de diferentes licores, estas frecuentemente eran desatendidas por las autoridades debido a su impacto negativo en las recaudaciones fiscales […] No obstante que algunos miembros de las elites reinantes en México favorecían las leyes en contra del alcohol, ellos estaban reacios a aplicarlas debido a su inhabilidad para encontrar fuentes alternativas de ingresos en medio de la Revolución.

Las prohibiciones al alcohol, opio y otras sustancias suprimieron lo que había sido el acceso legítimo que los gobiernos locales habían tenido a los recursos económicos producto de estos comercios.

Las prohibiciones al alcohol, opio y otras sustancias suprimieron lo que había sido el acceso legítimo que los gobiernos locales habían tenido a los recursos económicos producto de estos comercios. A su vez, dichas prohibiciones creaban mercados negros lucrativos, “los cuales podían proveer vastas cantidades de dinero a aquellos que estuvieran dispuestos a participar en ellos”. Esto dificultó la toma de decisiones de gobernantes revolucionarios: por un lado, querían apoyar los mandatos de sus superiores y el rechazo simbólico al consumo de estas sustancias; por el otro, participar, de alguna forma, en los comercios ahora “prohibidos” ayudaría a resolver las dificultades económicas por las que atravesaban. Así vemos que en México, “retórica y la realidad fiscal estaban mucho en conflicto durante esos años con respecto a las restricciones al alcohol” y otras sustancias.

Ya en el mando presidencial, Carranza buscó hacer nacionales los esfuerzos para disminuir el consumo de alcohol entre los mexicanos. Por ello, en 1919 solicitó al Departamento de Salubridad Pública, que tomara medidas para “combatir” el alcoholismo en México. A pesar del deseo expresado de reducir la cantidad de personas que consumían ésta y otras sustancias, Carranza “enfatizó” que las medidas que se tomaran “bajo ninguna circunstancia deberían reducir los ingresos de la tesorería federal”. Al parecer, el apoyo moral al abstencionismo cedió ante las presiones económicas; es decir, no fue lo suficientemente fuerte como para repentinamente descartar la fiscalización del alcohol como una fuente de ingreso para el gobierno federal. 

Así, las carencias económicas y políticas de la segunda mitad de la década del diez, incluyendo escasez de moneda, huelgas frecuentes, desempleo elevado, bandidaje, hambre y epidemias, generarían “grandes dificultades en la aplicación de algunos de los preceptos constitucionales”, incluyendo la prohibición a diferentes negocios del vicio. Ese caos político y económico a su vez facilitaría que gobernadores como Esteban Cantú en Baja California actuaran de manera autónoma e independiente, al permitir e imponer gravámenes el comercio de la goma de opio, sustancia prohibida para Distritos y Territorios desde 1912.

Intereses transnacionales en el mercado de opio en México

Aunque la prohibición al opio, la cocaína, y otros vicios respondía a un contexto político nacional, este debía desarrollarse en un marco transnacional más ancho que incluía la Convención del Opio de 1912 e intereses económicos y políticos encontrados. Desde finales del siglo decimonónico y durante el primer tercio del siglo XX personas de diferentes nacionalidades participaron en el comercio y contrabando de opio en México, entre ellos, americanos, mexicanos, rumanos, palestinos, españoles, franceses, griegos, japoneses y judíos. “El involucramiento de tantas nacionalidades así como las rutas de distribución en el tráfico de opio indican que los mercados de narcóticos ilegales han tenido un carácter internacional por mucho tiempo”. El comercio del opio en el centro y norte del país fue realmente producto de un esfuerzo internacional, involucrando comerciantes, transportistas y consumidores de distintos países en varios continentes.

En sus intentos de prohibición, gobiernos productos de la revolución debieron considerar la vasta red de intereses detrás de este comercio y sopesar cuál de estos favorecerían y cuales perjudicarían. Tal fue la experiencia de Francisco I. Madero y de Victoriano Huerta. Entre 1913 y 1914 estos presidentes evaluaron la posibilidad de prohibir la importación de opio a México. Debido a que una considerable porción “del opio que ingresaba a México llegaba a través de barcos ingleses”, esto generó preocupación entre las autoridades británicas, quienes se comunicaron con los presidentes. El resultado fue “un intercambio diplomático intenso” entre Gran Bretaña y el gobierno de México. Las misivas intercambiadas “vers[aron] sobre los intereses afectados en caso de prohibir el ingreso [del opio] en tierras mexicanas”. 

Quizá como consecuencia de estas presiones británicas, al final ni Madero ni Huerta impusieron una proscripción a la importación y exportación de opio en México. Al contrario, este comercio aparentemente se fortaleció durante la revolución. Para 1914 las autoridades aduanales de Estados Unidos de América consideraban la frontera noroeste como la principal vía por donde ingresaba opio hacia aquel país. Ese año la prensa de Los Ángeles estimó en 500,000 dólares el valor del opio que cruzaba anualmente por Baja California hacia tierra norteamericana.[1] El lucrativo tráfico de opio por México hacia Estados Unidos se estaba fortaleciendo. 

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Conclusión

Gobernantes revolucionarios y posrevolucionarios en México establecieron leyes que comunicaban un rechazo a las prácticas relacionadas con el alcohol, opio y otros vicios. Este rechazo se basó parcialmente en la lógica de degeneracionismo y en un deseo de alejarse, discursivamente y en la práctica, del derrocado gobierno porfirista. A pesar de la nueva legislación, el contexto de desorden político y carencia económica facilitó que algunos gobernantes optaran por tolerar el comercio ilícito, alegando que no tenían a su disposición otras consistentes fuentes de ingresos. Así, el opio y el alcohol, al igual que otras sustancias y actividades de disipación, fueron moralmente condenados por las autoridades, pero simultáneamente tolerados.

Nota: Este texto fue originalmente presentado en el Foro Plantas Sagradas: usos y normas, que tuvo lugar en la Escuela Nacional de Antropología e Historia los días 21 y 22 de noviembre del 2018.

Portada de Karina Álvarez


[1] Como punto de comparación, en 1914 en EUA el costo promedio de una casa era 6,156 dólares. www.thecostofliving.com

Referencias

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Pérez Montfort, Ricardo. 1997. Fragmentos de historia de las ‘drogas’ en México, 1870-1920. En Hábitos, normas y escándalo: Prensa, criminalidad y drogas durante el porfiriato tardío, de Ricardo Pérez Montfort, Alberto del Castillo y Pablo Piccato, 145-204. México, D.F.: CIESAS y Plaza y Valdés.  

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