En los últimos años el debate público sobre las políticas de drogas se ha intensificado, tanto a nivel internacional como en el contexto español. El enfoque prohibicionista y punitivo de la “guerra contra las drogas” promovido por Naciones Unidas y por algunas de las principales potencias internacionales está siendo sometido a un creciente cuestionamiento, dada su falta de efectividad para reducir el tamaño de los mercados ilícitos y sus múltiples consecuencias en términos de violencia, salud pública y derechos humanos.